Tradicionales restaurantes de Guayaquil, hoteles y otras microempresas siguen cerrando sus puertas ante una crisis económica agravada por la pandemia del covid-19. Sus estados contables no solo han sido afectados por una reducción de las ventas y nuevos costos operativos relacionados a las medidas de bioseguridad, sino también por una normativa que -en vez de ayudar- castiga al emprendimiento.

El 4 de agosto de 2020 se estableció el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial Nro. 260.

Acorde a esta Ley, se considera como microempresarios a aquellos contribuyentes con ingresos de hasta USD 300.000 y que cuenten con hasta 9 trabajadores a la fecha de publicación del catastro. Estos negocios estarán sujetos a un impuesto a la renta del 2% sobre sus ingresos brutos; esto es, sin permitir la deducción de costos y gastos atribuibles al ingreso.

Además, serán sujetos de retención en la fuente del impuesto a la renta en el porcentaje del 1.75% sobre las actividades empresariales, dentro del régimen impositivo para microempresas.

En el caso de personas naturales y jurídicas que están catalogadas como microempresarios, se les priva el poder solicitar la devolución de los valores retenidos en exceso, por concepto del impuesto a la renta.

En consecuencia, la Plataforma Ciudadana Piensa Ecuador, en nombre de miles de ciudadanos afectados, exige al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, que revean esta imposición tributaria que está perjudicando la liquidez de los micro y pequeños empresarios, impidiendo la sostenibilidad de sus negocios.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) les asigna la condición de microempresas y les obliga a pagar más impuestos, sin considerar esta dura crisis económica por la que atraviesa Ecuador a causa de la pandemia.

Además, el Gobierno Nacional no ha tomado en cuenta que esta medida tributaria influye directamente al desempleo, puesto que para reducir los costos fijos y aumentar la base de cálculo del impuesto a la renta, los microempresarios realizaron despidos masivos para evitar la quiebra definitiva de sus negocios.

Solicitamos, de manera urgente, una revisión a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, para encontrar una solución que le permita respirar a los empresarios y microempresarios ecuatorianos; y de esta forma impulsar el desarrollo de la economía.

Fuente: Galo Cabanilla Guerra, Ph. D.

Líder de la Plataforma Ciudadana Piensa Ecuador