42 organizaciones sociales ecuatorianas y más de 45 adherentes individuales, con base en los informes remitidos a la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos (DDHH), Michelle Bachelet, y las tareas de seguimiento de varias instituciones sobre la situación de diversas poblaciones específicas, denuncian que durante la crisis sanitaria de la Covid-19 se ha vulnerado sistemáticamente diversos derechos humanos en Ecuador, lo que aumenta las brechas de desigualdad estructural que existían previas a la pandemia.
Entre los derechos urgentes, se enfatizan las siguientes problemáticas:
- El estado de excepción permanente.
- Los derechos laborales.
- El estado del trabajo público y las privatizaciones.
- El trabajo en condiciones de esclavitud moderna.
- La alimentación y economías campesinas.
- Las comunidades afrodescendientes.
- Los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas.
- La violencia de género.
- Los derechos de niñas, niños y adolescentes.
- La situación de la población LGBTIQ+.
- Los efectos de los derrames petroleros y los impactos ambientales en la Amazonía.
- Las consecuencias de la política de deuda.
- El papel de la ciencia, la comunidad científica y toma informada de decisiones.
Aunque muchas temáticas quedan pendientes, las mencionadas sirven para visibilizar los diversos grados de responsabilidad estatal y gubernamental en la persistente desatención de muchos derechos fundamentales, especialmente durante esta emergencia sanitaria. Por ello demandan al Estado ecuatoriano que asuma su responsabilidad como entidad garante de derechos y, en consecuencia, aplique las medidas respectivas para asegurar que no se vulneren derechos generales y particulares de la población.
“Exigimos que el Estado cumpla su rol de garante de los DDHH, para que la crisis no recaiga sobre los hombros de los sectores más vulnerables. Se deben pensar en otro tipo de medidas para sostener el empleo y la dignidad del trabajo, así como garantizar el acceso a la salud. Con menos inversión social hay menos garantía de los DDHH” expresó Angie Toapanta, abogada y activista por los DDHH, durante la presentación del Manifiesto público.
“La Corte Constitucional, ante la vulneración masiva de diferentes derechos constitucionales, tiene la oportunidad de declarar el Estado de las cosas Inconstitucionales para establecer mecanismos de compensación y reparación a los DDHH y velar por que no se sigan vulnerando los derechos a futuro”, añadió Mishelle Calle, abogada e integrante del Colectivo de Mujeres Sinchi Warmi.
En la presentación también participaron: Fernando Muñoz-Miño, historiador y sociólogo político integrante de El Colectivo; Jorge Acosta Orellana, coordinador general del sindicato bananero ASTAC, Juana C. Francis Bone, afrofeminista e integrante del Colectivo Mujeres de Asfalto. (I)
Fuente: Manifiesto público por la defensa de los Derechos Humanos